Desde el 1 de febrero de 2014, la Unión Europea (UE) ha hecho que entre en vigor la SEPA -Single Euro Payments Area- que en español se conoce como Zona Única de Pagos en Euros. Se ha intentado vender esta medida como un avance, dado que según la versión oficial “particulares, empresas y organismos públicos podrán efectuar pagos en euros, sin utilizar efectivo, desde una sola cuenta situada en cualquier lugar de la zona, mediante un único conjunto de instrumentos de pago y con la misma facilidad, eficiencia y seguridad con que actualmente los realizan en al ámbito nacional”. Esta normativa empezó a introducirse desde el año 2008 pero es a partir de la fecha indicada anteriormente, 1 de febrero de 2014, cuando su implantación es total.
Para los ciudadanos de a pie lo que más ha cambiado, en principio, es el hecho de que a la hora de realizar determinadas operaciones bancarias (transferencias, pagos domiciliados, recepción de nóminas, etc) la cuenta corriente debe identificarse con los habituales veinte dígitos más el llamado “IBAN” (International Bank Account Number o Código Internacional de Cuenta Bancaria).
Hasta aquí no hay mucho que objetar. Pero llama mucho la atención que no lluevan las críticas a esta medida. Porque lo que no se dice, no se ha explicado ni difundido es, que la nueva normativa entorpece el movimiento de fondos de una cuenta a otra. Se amplían significativamente los tiempos y se encarecen de forma alarmante los diversos procedimientos (transferencia, cheque…)
Por ejemplo, si una persona desea mover cierta cantidad de euros de una cuenta a otra, incluso si en ambas es titular, a medida que aumenta el importe, aumenta el plazo de espera, es decir, el plazo de tiempo en el que la recepción de los fondos es efectiva. El período de demora puede llegar incluso a dos meses.
Además, las comisiones por transferencia y por cheque bancario se disparan de forma realmente exagerada. Por ejemplo, comisiones superiores a los 800 euros por una simple transferencia.
Resulta chocante que la normativa SEPA oficialmente se anuncie que sirve para abaratar y facilitar los movimiento de fondos entre países de la UE. Pero en la práctica supone un estrangulamiento en el movimiento de efectivo en un mismo territorio nacional. Estos cambios, por tanto, suponen un aumento de los beneficios de las entidades bancarias a costa de los usuarios. Y por otra parte, introduce trabas y obstáculos a los ahorradores a la hora de manejar su propio dinero. Porque no estamos hablando de solicitud de créditos, hipotecas o servicios por el estilo. De lo que estamos hablando es que la Unión Europea restringe a particulares el movimiento de fondos de su propiedad, donde teóricamente hay libertad de movimientos de personas y capitales. La propiedad privada, esa que el capitalismo asegura respetar a toda costa, es desprotegida impunemente por quienes aseguraban garantizar la pervivencia de la misma.
Vemos de este modo que la realidad es muy diferente. La propia UE, que ya nació con lo que en su día se denominó oficialmente como “déficit democrático”, un eufemismo utilizado para disfrazar la ausencia de separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y por tanto la inexistencia de una auténtica democracia, esa misma UE es la que creó los CIEs (Centros de Internamiento de Emigrantes) auténticas cárceles en las que se encierra a personas por el mero hecho de “no tener papeles”.
También hablamos de la UE, la que dio su conformidad a la hora de llevarse a cabo la “quita” en Chipre hace poco más de un año. En esa ocasión las y los ciudadanos de a pie sufrieron un robo de sus ahorros. Por tanto, los antecedentes son ciertos y se han realizado sin que nadie lograra impedirlo. Y como era de esperar, con un mutismo absoluto, cuando no una justificación bochornosa por parte de medios de desinformación y otros elementos del Sistema.
Según diversas fuentes consultadas por larepublica.es, la amenaza de un “corralito” o “quita”, es decir, un robo o expolio legal a los pequeños ahorradores en España y otros países, es cada vez más cercana.
Diferentes analistas afirman que es poco probable que una medida de este tipo se ejecute antes de las elecciones europeas, que se celebrarán en torno al 25 de mayo del presente año.
Pero una vez pasada esta fecha, se desconoce si la barbarie y el caos financiero se producirán en cuestión de meses o semanas.
Mientras tanto, el bipartidismo en España seguirá jugando sus cartas, quizá con una posible alianza, posibilidad que ya apuntó Cayo Lara recientemente, acusando al expresidente Rodríguez Zapatero de ser uno de sus artífices. Además, otra de las cartas que el Sistema guarda en la manga es el uso de “marcas blancas”, esto es, formaciones y personajes políticos que cual caballo de Troya, intentarán captar el voto que no se dirige a los dos partidos convencionales.
Una medida más para apuntalar al régimen que se derrumba, consiste en manipular aún más la ley electoral. En este sentido, debemos recordar que el Congreso de los Diputados no ha aumentado en número de escaños pese al aumento de la población en las últimas décadas. Este hecho no es casual.
Pero incluso hay medidas mucho más restrictivas como es el precedente de Castilla-La Mancha, donde se ha rebajado el número de diputados regionales espectacularmente. Algo que puede repetirse en otros parlamentos, tal y como advirtió el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, el pasado 14 de marzo.
Floriano dice que la reducción de diputados regionales se promoverá en otras Autonomías: Enlace
